Durante el panel “Riesgos para los derechos humanos en sistemas de identificación biométrica”, un grupo de expertas y expertos ─convocados por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Privacy International─ expusieron sus puntos de vista acerca de las problemáticas actuales de la identificación digital, en el contexto de la propuesta para crear una Cédula Única de Identidad Digital en México.

La primera ponente, la Dra. Eve Hayes de Kalaf, del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Liverpool, señaló que es necesaria una auténtica conversación global sobre las limitaciones y riesgos de los sistemas de identificación biométrica, sobre todo, porque han sido adoptadas por el sector del desarrollo económico como una supuesta solución a la falta de registro e identidad legal.

Para Hayes, uno de los principales riesgos de estos sistemas es que no solo permiten saber dónde se encuentra actualmente una persona, sino también por dónde ha transitado. Estas capacidades pueden ser usadas por los Estados, por ejemplo, para excluir a personas migrantes y negarles el acceso a servicios públicos y privados.

Por su parte, Christiaan van Veen, del Centro para los Derechos Humanos y la Justicia Global del Departamento de Derecho de la Universidad de Nueva York, cuestionó la necesidad de implementar en México un sistema con datos biométricos como la Cédula Única de Identidad Digital, cuando el registro civil actual [la Clave Única de Registro de Población] tiene una cobertura prácticamente universal.

Así mismo, van Veen resaltó las dificultades técnicas de implementar el registro de datos biométricos de todo un país. Indicó que esto conlleva riesgos de exclusión social, ya que muchas personas (sobre todo, en áreas rurales) no tienen capacidad para desplazarse hacia el registro, o la existencia de problemas técnicos como máquinas rotas o descompuestas.

El activista Mustafa Mahmoud, integrante de la organización Namati, compartió el caso de Kenia y otros países en África, donde las bases de datos obtenidas por este tipo de registros son utilizadas con fines distintos al derecho a la identidad. Mahmoud señala que, por ejemplo, los datos son empleados para hacer perfilamiento de las personas y construir evaluaciones crediticias.

Elizabeth Mendoza, integrante de Hiperderecho, comentó sobre el caso del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en Perú. La activista enfatizó que estas bases de datos masivas y centralizadas otorgan un poder desmedido a las autoridades, sin transparencia ni rendición de cuentas, además de obligar el uso de tecnologías invasivas sin consentimiento.

Finalmente, Alexandrine Pirlot de Corbion, Directora de Estrategia de Privacy International, destacó el rol del Banco Mundial en el impulso de los sistemas de identificación digital, sin que exista previamente un análisis sobre la necesidad y legitimidad de estas medidas.

“Los sistemas de identidad biométrica digitales no cumplen las promesas para los que fueron creados y muchas veces, como ha sido plenamente demostrado, crean más riesgos que muchos gobiernos no pueden enfrentar”, concluyó Pirlot de Corbion.


Crédito: (CC-BY) Gibrán Aquino