La administración de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, rentó equipo y servicios para vigilancia y monitoreo de direcciones IP y redes sociales por 34 millones de dólares, reveló el gobernador entrante, Alfredo Ramírez Bedolla.

Ramírez Bedolla mostró en el programa de Aristegui Noticias el contrato firmado con la empresa Integra Software, vinculada a Víctor Manuel Álvarez Puga, que abarca desde marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2018, pero advirtió que el gobierno todavía no halla los entregables o equipos que se habrían adquirido o utilizado para dichas actividades.

De acuerdo con el contrato, la empresa tenía la obligación de llevar a cabo “monitoreo y actualización constante de las direcciones IP en todo el territorio del estado y cada uno de sus municipios, así como la instalación de doce terminales y pantallas de monitoreo, asimismo, se dará servicio y mantenimiento a las terminales las veinticuatro horas, los siete días de la semana y los trescientos sesenta y cinco días del año, además de un monitoreo de objetivos estratégicos de inteligencia financiera, a través de las plataformas tecnológicas propias”.

Sin embargo, los 34 millones de dólares serían apenas una fracción del monto total que habría erogado el gobierno de Aureoles, según versiones periodísticas. El pasado 8 de noviembre, el periodista Salvador García Soto publicó en su columna del diario El Universal, que la administración saliente del estado pagó en cinco años 132 millones de dólares para instalar y operar un sistema de espionaje.

Según García Soto, los servicios contratados eran en realidad un centro de vigilancia para teléfonos de cómputo, no solo de Michoacán, sino de todo el país, para el espionaje de personas empresarias, periodistas, políticas y con notoriedad pública.

Hasta el momento, el gobierno actual de Michoacán asegura desconocer los objetivos de las actividades realizadas en el centro, ni si fueron autorizadas por un juez o llevadas a cabo por una autoridad con atribuciones legales para la intervención de comunicaciones privadas.

Desafortunadamente, la falta de controles democráticos para la vigilancia de comunicaciones permite que estas prácticas abusivas continúen en el país, no solo a nivel federal, sino también en administraciones estatales.


Imagen de Twitter Silvano Aureoles