Las personas que auditan y demuestran los problemas de los sistemas de voto electrónico enfrentan una violencia sistemática en América Latina y otras regiones del mundo, promovida por los intereses que impulsan el uso de este tipo de tecnología.
Javier Smaldone, informático y desarrollador de software libre, y Vladimir Chorny, investigador de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, compartieron reflexiones sobre la criminalización a las personas que documentan las fallas de los sistemas de voto electrónico durante un espacio organizado por el laboratorio de resiliencia digital comun.al, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, como parte de la serie de conversatorios Tecnología, justicia y poder: violencia digital por parte del Estado en México.
Smaldone narró su experiencia como opositor a la ley que pretendía establecer un sistema de voto electrónico federal en Argentina. El investigador fue acusado por la Policía Federal por presuntamente haber llevado a cabo un ciberataque contra esta corporación y permitir un robo masivo de datos, proceso judicial que continúa en el limbo y que sigue abierto desde hace dos años. Smaldone cuenta que hasta la fecha sigue recibiendo amenazas a su correo electrónico, en las que incluyen identificaciones de su familia.
Vladimir Chorny, autor del libro El voto por Internet en México: La libertad y secrecía del voto condicionadas, advirtió con preocupación que la criminalización de Smaldone y otros denunciantes en Argentina es similar a los hechos ocurridos en países como Brasil y la India, los cuales demuestran que existen poderosos intereses detrás de la implementación de los sistemas de voto electrónico.
Además, Chorny consideró que esta criminalización comienza con la desinformación y la descalificación de las personas que cuestionan la seguridad de estos sistemas, a quienes se acusa de estar en “contra de la tecnología” y el “progreso”. El investigador de R3D señala que muchas de estas acusaciones son iniciadas por actores que promueven de buena fe el voto electrónico, pero que ignoran que sus comentarios ponen en riesgo a personas defensoras de derechos humanos.
Para Smaldone, uno de los principales problemas a los que se enfrentan quienes investigan estos sistemas es la falta de entendimiento generalizado entre gobernantes, políticos, jueces, e incluso especialistas en informática. La naturaleza opaca del voto electrónico provoca que se tenga que educar e involucrar a una gran cantidad de sectores interesados para llamar la atención sobre sus fallas.
Ambos investigadores hicieron énfasis en cómo los sistemas de voto electrónico rompen la cadena de confianza del sufragio en papel, haciendo imposible revisar la evidencia física en caso de cuestionamientos de fraude.
“La gente no sabe qué esperar de un sistema informático, no sabe qué es posible, qué no es posible, qué tan difícil es cada cosa. Cada vez que se nos meten herramientas de este tipo en procesos que debieran ser controlados por los ciudadanos, perdemos el control”, advirtió Smaldone.
En ese sentido, Chorny señaló que actualmente nuestros sistemas electorales basados en papel son entendibles por la población y sus resultados se basan en evidencia, lo que permite defender a la democracia ante intentos de deslegitimarla.
Imagen de NDeane (CC BY-SA 3.0)
