El medio Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública (PopLab) de Guanajuato denunció que su editor, el periodista Arnoldo Cuéllar, y otras personas integrantes del medio fueron víctimas de espionaje, presuntamente llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las intervenciones ilegales habrían ocurrido mientras realizaban investigaciones sobre el trabajo del fiscal estatal Carlos Zamarripa Aguirre, quien lleva más de 9 años en el cargo, en un estado que atraviesa una gravísima crisis de violencia.

De acuerdo con la denuncia de PopLab, han ocurrido varios incidentes que los hacen sospechar del espionaje; por ejemplo, una cuenta anónima de Twitter compartió con el equipo de periodistas capturas de conversaciones llevadas a cabo en Telegram entre Arnoldo Cuéllar, fuentes e integrantes del medio, que supuestamente evidencian que la FGE tuvo acceso su cuenta de mensajería.

Además, en 2020 Cuéllar sufrió una desconexión de su línea telefónica durante varios días. Al reportarla ante la compañía Telcel, se le informó que la interrupción se debió a que una persona, suplantando su identidad, había denunciado el robo de su dispositivo en Monterrey, Nuevo León, lugar en el que el periodista no había estado en años.

El medio pudo conocer el alcance de esa operación, ya que otra persona fue víctima de espionaje mediante el mismo número IMEI del dispositivo de Cuéllar y pudo contactarlo con evidencia técnica de la actividad.

Por estos hechos, el pasado 2 de julio, Arnoldo Cuéllar interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Sin embargo, la FGR declinó tener competencia para investigar el delito ─a pesar de ser de carácter federal─, por lo que remitió la investigación a la fiscalía estatal.

Hasta el lunes 12 de julio, la FGR no había explicado las razones por las que declinó, ni la Fiscalía del Estado había notificado de manera oficial sobre la recepción de la carpeta.

Para las organizaciones ARTICLE 19, SocialTIC, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato y la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato es muy preocupante que la FGE, en lugar de garantizar el ejercicio periodístico y los derechos de las y los periodistas, sea un actor que podría intervenir sus comunicaciones, lo que implicaría “violaciones no sólo su derecho a la privacidad, sino también el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información y a la justicia”.

R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales se suma a la condena de las organizaciones contra todo uso de tecnología de vigilancia o espionaje contra periodistas y a la reiteración de que el Estado mexicano debe investigar y esclarecer los hechos.


Imagen de Facebook FGE Guanajuato