El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) es el punto nodal de una gigantesca infraestructura de vigilancia que incluye más de 30 mil cámaras distribuidas en todo el territorio de la capital.
Sin embargo, a pesar de que 60 por ciento de los delitos que se cometen en la ciudad ocurren a menos de 200 metros de una cámara del C5, sus imágenes son utilizadas en menos del 1 por ciento de todas las investigaciones policiales, de acuerdo con un reporte de R3D:Red en Defensa de los Derechos Digitales y Data Cívica, próximo a publicarse.
El uso de cámaras de vigilancia está repleto de relatos de archivos borrados “porque no se solicitaron a tiempo”, cámaras que no funcionaban en el lugar de los hechos, así como extorsiones criminales por parte de los ministerios públicos y policías, informó el medio Rest of World en un reportaje sobre la deficiente red de vigilancia de la Ciudad de México.
Este último es el caso de Verónica, quien sufrió una extorsión en el ministerio público para poder requisar las videograbaciones del cruce en el que su madre fue asesinada por un automóvil. Debido a que Verónica no contaba con los 4 mil pesos que le exigían, la policía solo recuperó dos videos de cinco necesarios para la investigación y el resto fue eliminado por el sistema automatizado de las cámaras, que borra en una semana la información que graban.
La historia de Verónica es un triste ejemplo entre miles. Finalmente, el caso fue declarado como imposible de resolver por falta de evidencias y se sumó al 86 por ciento de los homicidios denunciados que no son resueltos en la ciudad.
Esta infraestructura, que se vendió a la ciudadanía bajo la falsa promesa de mayor seguridad a cambio de su privacidad, no solamente es inoperante, sino que ha resultado también contraproducente. El sistema de videovigilancia ha servido para violar el debido proceso, al filtrar imágenes confidenciales de un crimen a la prensa, en beneficio de las autoridades judiciales o para preservar la corrupción de los cuerpos policiales.
“Si los videos los hacen ver mal, los desaparecen”, explicó a Rest of World el abogado Alejandro Jiménez, quien tiene experiencia lidiando con la limitación del sistema en las cortes.
Imagen de ProtoplasmaKid (CC BY-SA 4.0)
