La corrupción imperante dentro de las instituciones mexicanas han ayudado a los cárteles de la droga a obtener acceso a herramientas de espionaje altamente sofisticadas, reveló un oficial de la DEA a The Guardian.

John Scott-Railton, investigador del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, afirma que la demanda de este tipo de tecnologías ha ido en aumento, especialmente desde que las policías locales y regionales ─y no solo las agencias de inteligencia nacionales─ demandan estos productos.

Desafortunadamente, muchas de estas fuerzas policiales han sido señaladas por estar coludidas con organizaciones criminales, por lo que es sencillo que estas herramientas de vigilancia terminen en las manos de mafiosos o de políticos corruptos.

En el juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, un ingeniero testificó haber comprado equipo de intercepción de comunicaciones que le permitía escuchar llamadas, navegación y mensajes de texto de teléfonos móviles, pero en otras regiones del país donde las organizaciones criminales no pueden adquirir su propia tecnología, pueden corromper oficiales para aprovecharla.

La corrupción y colusión entre corporaciones de seguridad a todos los niveles y las organizaciones del crimen organizado es una de las principales razones por las que el país se ha convertido en el más peligroso para ejercer el periodismo. 119 periodistas han sido asesinados en México desde 2000.

Existe una gran responsabilidad por parte de quienes venden spyware, ya que muchas empresas aseguran vigilar el correcto uso de su tecnología, supuestamente reservada para combatir el crimen organizado y el terrorismo. No obstante, como en el caso de NSO Group, ─cuyo malware Pegasus fue utilizado contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos─ la realidad está muy lejos de sus supuestos compromisos por los derechos humanos.

“Hemos visto una narrativa que explota las cuestiones de seguridad en México y la violencia relacionada al crimen organizado como una excusa, un argumento de ventas para gastar grandes cantidades de dinero en adquirir tecnologías que serán supuestamente usadas en este contexto, aún cuando sabemos que en México la línea entre la delincuencia organizada y el gobierno es frecuentemente muy borrosa o inexistente”, señaló Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.


Imagen de Pat Wilson (CC BY 2.0)