Hace unos días, Apple y Google, dos de las empresas tecnológicas más grandes del planeta, anunciaron un convenio de colaboración para desarrollar una plataforma de rastreo de contacto basada en Bluetooth, con la finalidad de ayudar a las autoridades sanitarias y gobiernos a reducir la dispersión del COVID-19.

La idea de las compañías es publicar en mayo una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permita la interoperabilidad entre sus sistemas operativos con las aplicaciones desarrolladas por el sector salud. Posteriormente, las empresas crearán una plataforma de rastreo de contactos que utilice la conexión Bluetooth de los dispositivos, para robustecer el ecosistema de apps de gobiernos y servicios sanitarios.

Pese a la buena intención de este proyecto, la Unión Americana por los Derechos Civiles alertó que este tipo de iniciativas deben garantizan la protección a la privacidad, ser de participación voluntaria, así como almacenar los datos de las personas en sus dispositivos y no en un repositorio centralizado.

Para la ACLU, un mal desarrollo tecnológico puede suponer riesgos innecesarios para las personas que lo utilicen, por lo que la organización considera que se deben respetar principios básicos como el uso voluntario, es decir, que la utilización de la plataforma no esté sujeta a ningún tipo de coerción –como el condicionamiento a ejercer un trabajo o acudir a la escuela–, sino que todas las personas con una prueba positiva consientan compartir su información de manera libre.

Además, los datos recabados deben usarse solamente con propósitos de salud pública; debe recolectarse la cantidad mínima indispensable, así como prohibirse su compartimiento con terceros y garantizar su destrucción una vez que no sea necesario su almacenamiento. Así mismo, debe existir transparencia sobre cualquier dato que haya sido compartido con el gobierno.

Tras analizar la propuesta de Google y Apple, la ACLU consideró que existen problemas respecto a la privacidad y el uso voluntario, ya que el uso obligatorio de este tipo de aplicaciones es contrario a las libertades y podría provocar que las personas eviten su uso, sacrificando cualquier posible utilidad para la salud pública.


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