Vivimos en una era de libre flujo. A través de las fronteras, bienes, capital e información viajan con relativa libertad. Sin embargo, no pasa lo mismo con las personas. Las políticas migratorias se han desplazado hacia el establecimiento de más controles y restricciones, incluyendo la implementación de tecnologías de vigilancia cada vez más intrusivas, como el registro biométrico.

Una nota publicada por el Washington Post reveló que autoridades mexicanas transfirieron los datos biométricos de alrededor de 21 mil personas migrantes en 2017. A partir del análisis de dichos datos, presuntamente se identificaron a 5 mil 500 que anteriormente fueron arrestadas por cruzar ilegalmente a Estados Unidos; 24 fueron identificadas como traficantes de migrantes y 8 como miembros de una banda delictiva.

Desde el año 2011, el Instituto Nacional de Migración (INM) cuenta con sistemas para el registro de datos biométricos en algunos centros de detención de migrantes. Existe evidencia de que los equipos utilizados para el registro fueron sido entregados al gobierno mexicano por el gobierno de Estados Unidos.

Según un Reporte de Control de Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2018 la red del sistema de registro fue ampliada, permitiendo el intercambio de información entre todos los centros de detención de migrantes del Instituto e instituciones gubernamentales estadounidenses. Dicha ampliación, según el reporte mencionado, “ha mejorado la capacidad de ese país de asociarse con las agencias estadunidenses de seguridad para desmantelar organizaciones transnacionales criminales y mejorar el control fronterizo”.

Estos datos biométricos, obtenidos al momento en que las personas migrantes entran a los centros de detención del INM, son comparados con los datos de la base del programa de vigilancia estatal INDENT. Según Gemalto, uno de los proveedores del programa, INDENT posee más de 200 millones de identidades únicas y procesa más de 300 mil transacciones biométricas por día.

Las tecnologías de identificación biométrica están lejos de ser perfectas, lo que resulta en identificaciones erróneas. En ciertos casos, como ocurre con el reconocimiento facial y con el registro de huellas digitales, la identificación biométrica cuenta con sesgos que afectan más a personas con rasgos no caucásicos, a personas con edad avanzada y a niños, lo que ha resultado en la detención de personas inocentes. Por otra parte, la simple concentración de grandes cantidades de datos personales pone en peligro la privacidad de las personas migrantes, en caso de que dichas bases sean vulneradas.

Las equivocaciones al momento del registro de los datos personales son otra fuente de identificación errónea con posibles efectos devastadores. En 2012 se encontró que alrededor de 825 mil registros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) estaban duplicados o contenian información errónea. Un reporte del DHS al respecto determinó que estas inconsistencias hacen difícil la distinción entre errores en la información e intentos de fraude de identidad.

Utilizar esta clase de sistemas para determinar el movimiento de las personas es de especial importancia al tratarse de casos en los que el retorno de las personas migrantes a su país puede poner en peligro sus vidas. Esta situación se ve empeorada por la falta de información sobre el tratamiento de sus datos biométricos y por el hecho de que no es posible apelar la decisión de los algoritmos que determinan su identidad, ni existen mecanismos de supervisión democrática a las bases y a los sistemas empleados en la identificación biométrica.

Irazú Gómez, coordinadora de vinculación e incidencia en Sin Fronteras, declaró –en una entrevista concedida a R3D– haber presenciado desde el año 2012 el registro por parte del Instituto Nacional de Migración del rostro y el iris de personas migrantes a su ingreso a estaciones migratorias. En dicho registro “no les otorgaban información sobre el procedimiento a menos que los migrantes preguntaran. En general sólo les daban un paquete de hojas para que firmaran que les habían leído sus derechos y que habían recibido la información necesaria.”

Además, Gómez agrega que “en la mayoría de las ocasiones [en que ocurre el registro de datos biométricos en el contexto migratorio] las personas no son conscientes de los derechos que tienen; no les informan para qué están tratando sus datos ni tampoco les informan que están obteniendo su consentimiento. Al contrario, cuando las personas preguntan a los oficiales por los datos que les están tomando, estos las tratan mal.”

En una solicitud de acceso a la información realizada por R3D al Instituto Nacional de Migración para conocer más sobre el tratamiento de datos biométricos de personas migrantes, el INM niega dicho tratamiento. No existe transparencia en el proceso. La forma en que las personas entran o salen de la lista de alerta, las medidas de seguridad empleadas en el tratamiento y almacenamiento de los datos, e inclusive el fundamento jurídico que sustenta el tratamiento y transferencia de dichos datos es desconocido.

El tratamiento actual de datos biométricos de migrantes es contrario a lo establecido en las leyes en materia de protección de datos personales –por cuestiones como la falta de información y la forma en la que se obtiene el consentimiento de los titulares– y pone en peligro la vida de miles de migrantes. La irresponsable forma en que el gobierno de México trata los datos biométricos de personas migrantes en el país es brutal y se ha convertido en una herramienta de la política migratoria de Estados Unidos.

Santiago Narváez es investigador en R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, enfocado principalmente en temas de privacidad y vigilancia.


Imagen de ProtoplasmaKid (CC BY-SA 4.0)