El abogado general de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJEU), Manuel Campos Sánchez-Bordona, publicó una opinión en la que considera que las prácticas de vigilancia masiva son ilegales, ya que “los medios y métodos para combatir el terrorismo deben ser compatibles con los requerimientos de la ley”.

Campos Sánchez-Bordona se refirió en particular a tres casos en desarrollo en Reino Unido, Bélgica y Francia, en los que sostiene que la recolección masiva de información y las prácticas de retención de datos son violatorias de la legislación europea. El problema central de dichos casos es la aplicación de la Directiva sobre Privacidad y Comunicaciones Electrónicas en cuestiones relacionadas a la seguridad nacional y el combate al terrorismo.

En su opinión, el abogado general considera que imponer a un operador la obligación de retener, de forma indiscriminada y general, información sobre el tráfico y localización de los usuarios, así como datos que permitan la identificación de creadores de contenidos ofrecidos por proveedores de servicios, en el contexto del combate al terrorismo, representa una seria interferencia en los derechos fundamentales de los individuos.

Así mismo, Campos Sánchez-Bordona considera que es incompatible con la Directiva que no se imponga la obligación de notificar a las personas que son sujetas de vigilancia cuando sus datos son procesados por las autoridades competentes, en tanto esta notificación no interfiera con las investigaciones en curso.

Aunque la opinión del abogado general no es vinculante para la CJEU, la organización Privacy International espera que sus argumentos tengan un efecto en las sentencias de la Corte.

“La opinión es una victoria para la privacidad. Todas las personas nos beneficiamos de que robustos esquemas de derechos, como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, sean aplicados y seguidos. Si la Corte está de acuerdo con la opinión del AG, los esquemas ilegales de vigilancia masiva, incluyendo el operado por el Reino Unido, serán frenados”, explicó al respecto la directora legal, Caroline Wilson Palow.


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