Durante el 127º periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado mexicano fue cuestionado sobre sus acciones respecto a los casos de vigilancia en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. Los señalamientos del organismo internacional se dieron en el marco del examen del informe presentado por México en virtud del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, celebrado el miércoles 16 y jueves 17 de octubre.
Durante sus intervenciones, integrantes del comité como Christopher Bulkan, Héléne Tigroudja y Yuval Shany cuestionaron el uso de herramientas sofisticadas de vigilancia para espiar, hostigar e intimidar a la sociedad civil. Estos casos, en los que se han reportado que al menos 25 personas han sido atacadas con el malware Pegasus, permanecen en la impunidad a más de dos años de su revelación.
Esa misma semana, el lunes 14, el director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, expuso las preocupaciones de la sociedad civil sobre el incremento de las facultades legales y capacidades técnicas del Estado mexicano para el ejercicio de la vigilancia, detalladas al comité en un informe alternativo entregado previamente por la organización y Privacy International.
Al término de la evaluación al Estado mexicano, un grupo de organizaciones mexicanas dieron una conferencia de prensa en la que García calificó como positivo el interés que mostró el comité sobre los casos de vigilancia ilegal en contra de defensores y periodistas. Sin embargo, también lamentó la ausencia de representantes tanto de la Fiscalía General de la República como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la falta de respuesta del gobierno mexicano a los cuestionamientos.
“El gobierno mexicano, hasta ahora, únicamente –en voz del presidente– ha hecho algunas manifestaciones en torno al compromiso para eliminar esta práctica ilegal de hostigamiento en contra de personas defensoras y periodistas. Sin embargo, esto aún no se ha traducido en pasos concretos para desmontar las condiciones que han dado pie a que estos ataques se puedan llevar a cabo con impunidad”, indicó el director de R3D.
Así mismo, García señaló que espera que el Comité de Derechos Humanos emita recomendaciones al Estado mexicano que refrenden las solicitudes que otros organismos internacionales han hecho, como la garantía de una investigación imparcial e independiente sobre el caso y una reforma legal para regular la adquisición y uso de herramientas de vigilancia en México.
