David Kaye, relator especial para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de las Naciones Unidas, publicó una carta en la que critica la recientemente anunciada política de derechos humanos de la empresa israelí NSO Group, así como su también nueva política sobre alertadores (whistleblowers) que denuncien potenciales abusos de sus productos.

La carta, dirigida a Shalev Hulio, cofundador y director de NSO Group, cuestiona la capacidad de la empresa para cumplir los compromisos anunciados en septiembre de 2019, como verificar que los gobiernos cumplan con los estándares en derechos humanos. Asimismo, la misiva pregunta cómo es que esta nueva política es distinta de sus predecesoras, que permitieron que la empresa le vendiera Pegasus a países con un historial negativo en derechos humanos.

De acuerdo con Kaye, NSO Group parece carecer de las salvaguardas técnicas necesarias para poder evitar los abusos cometidos con su tecnología, ya que la empresa depende de que los mismos clientes le notifiquen sobre el mal uso de los productos. Otro aspecto criticado es la ausencia de mecanismos para notificar a organismos de derechos humanos nacionales e internacionales sobre los abusos de su tecnología.

El relator también señala la intransigencia previa que NSO Group ha tenido respecto a la transparencia. “Es imperativo que ciertos detalles sobre las operaciones de NSO Group sean revelados al público, incluyendo los usos y capacidades potenciales de sus productos, los tipos de soporte postventa a clientes, un registro de incidentes de mal uso de los productos de NSO Group, y un control de los tipos de ventas a agencias de procuración de justicia, inteligencia u otras gubernamentales”.

La carta también indica que NSO Group debe comprometerse a sostener reuniones regulares con grupos de la sociedad civil y organizaciones de derechos digitales, así como integrar a las víctimas de abusos con su tecnología. De igual manera, Kaye pregunta sobre la falta de mecanismos independientes para comprobar acusaciones y de medidas efectivas de reparación para las víctimas.

En junio de 2019, Kaye presentó su informe sobre vigilancia y derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU e hizo un llamado a los gobiernos del mundo a para imponer una moratoria inmediata al otorgamiento de licencias de exportación de tecnologías de vigilancia.