Las agencias de seguridad y las policías locales de Estados Unidos están recurriendo a un nuevo aliado para investigar crímenes: los datos de geolocalización conservados por Google. A través de órdenes judiciales, las autoridades solicitan a la empresa que les proporcione la información sobre los dispositivos que se encontraron en un lugar y tiempo determinados. Esta técnica, por supuesto, representa un enorme riesgo para la privacidad.

Un reportaje de The New York Times ha revelado que, desde 2016, las autoridades solicitan a Google los datos de todos los teléfonos que se encuentran dentro de un perímetro (geofence) donde se cometió un delito. Estas peticiones alcanzan hasta 180 por semana, de acuerdo con empleados de la empresa.

Google posee una gigantesca base de datos llamada Sensorvault, la cual almacena un registro de la ubicación de millones de teléfonos inteligentes. Normalmente, estos datos se conservan con fines publicitarios o para refinar los resultados de búsqueda, sin embargo, las autoridades solicitan la geolocalización en investigaciones para agilizar la búsqueda de sospechosos.

Esto implica que muchas personas sean investigadas solo por haber estado en el lugar incorrecto en el momento inadecuado. De acuerdo con el reportaje, no está claro cuántas de estas órdenes judiciales han derivado en condenas, por lo que no se puede conocer la efectividad de la medida. Otro aspecto criticable es que no se cumple con los principios de proporcionalidad, ya que en algunos casos, los perímetros solicitados pueden englobar hasta varias cuadras.

Asimismo, es preocupante que Google conserva los datos de geolocalización de los usuarios por tiempo indefinido, además de que solo son eliminados si el usuario así lo decide; las personas tampoco están conscientes de que su ubicación puede ser requerida bajo este esquema. En el caso de Estados Unidos, la Corte no ha determinado nada acerca del uso de solicitudes por perímetro, por lo que la técnica opera todavía en un vacío legal.


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