Como parte de los esfuerzos del Comité Coordinador de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) en México, se celebró el foro Vigilancia del Estado: hacia la implementación de controles democráticos. En dicho espacio, gobierno, expertos y sociedad civil discutieron sobre las regulaciones necesarias para regular la adquisición, uso y rendición de cuentas sobre herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de las autoridades.

En la inauguración del evento, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, reiteró el compromiso del gobierno federal para combatir la vigilancia ilegal y señaló que su dependencia “coordinará todos los esfuerzos necesarios para terminar con el Gobierno Espía”. Por su parte, Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, enfatizó que es inaceptable que herramientas adquiridas con dinero del erario para el combate al crimen sean utilizadas ilegalmente y “traicionando la esencia de un discurso que quedó hueco”.

En el primer panel, Ilia María Siatitsa, oficial legal de Privacy International, explicó que la vigilancia debe obedecer a los principios de necesidad y proporcionalidad, e insistió que los gobiernos deben ser claros en qué tecnologías han adquirido, cuáles están utilizando, y en hacer pública esa información. Por su parte, John Scott Railton, investigador del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, recordó que “hay problemas de rendición de cuentas, supervisión y preocupación por abusos” sobre el uso de Pegasus contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos en México.

En el segundo panel, la periodista Carmen Aristegui aceptó que el Estado debe contar con capacidades de vigilancia, pero solicitó que existan “controles democráticos vigorosos que impidan que [la vigilancia] se extienda hacia los propios ciudadanos”. Por su parte, Sofía de Robina, del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que fue complicado saber que integrantes de su organización habían sido atacados con Pegasus, pero “aprendimos que no teníamos que aceptar que ser espiados y espiadas es parte de nuestra labor”.

En el mismo panel, el periodista Ernesto Aroche, del portal Lado B, recordó que, en Puebla, el gobierno de Moreno Valle utilizó software de vigilancia de la empresa Hacking Team para atacar a opositores políticos y periodistas. Así mismo, Joel Salas, comisionado del INAI, usó su intervención para abogar por una política “que permita saber cuál es el grado de invasión a la privacidad por parte del Estado mexicano”, así como buscar la reparación del daño de las personas que han sido afectadas por la vigilancia ilegal.

En el último panel, Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, habló acerca de la incertidumbre jurídica que existe en torno a la vigilancia del Estado, y usó como ejemplo la opacidad en las adquisiciones de estas tecnologías por parte de autoridades sin facultades. García también indicó que la investigación penal sobre el caso Gobierno Espía podría avanzar con mayor velocidad “si existe la voluntad política” de llamar a declarar a los implicados; y estimó que, aunque la regulación a la vigilancia está dispersa en muchas leyes, “también existen cosas que no requieren una reforma legal y se pueden hacer por vías más inmediatas, como un decreto”.

Por último, Ana Cristina Ruelas, directora regional de la oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, admitió que la sociedad civil está dispuesta a dialogar para reactivar el proceso de gobierno abierto, pero que “no podemos partir de la confianza de la nada; nos han educado a base de la desconfianza”. Ruelas también exigió que el Estado debe reconocer cómo se espió, a quiénes y qué se hizo con la información obtenida antes de tomar los siguientes pasos. “En aquel momento, decidimos levantarnos de la mesa [de la AGA] porque perdimos la confianza en aquellos con quienes nos estábamos sentando, porque ellos sabían más sobre nosotros que nosotros mismos acerca de nosotros”.


Imagen de Alianza por el Gobierno Abierto