Frente a las declaraciones hechas el, 20 de diciembre, por el Comisionado Oscar Guerra Ford en el programa de radio de Carmen Aristegui, en torno al amparo 591/2018 otorgado a R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, aclaramos lo siguiente:
- Contrario a lo señalado por el Comisionado, la solicitud de acceso a la información no requería únicamente la versión pública del contrato de adquisición de licencias del malware Pegasus por parte de la Procuraduría General de la República. También se solicitó a esta agencia la entrega de cualquier documento relacionado con la contratación, lo que incluye: i) las especificaciones técnicas del equipo; ii) los procedimientos relativos a su operatividad; iii) los nombres, cargos y firmas de aquellas personas físicas que participaron en su contratación y iv) los antecedentes de dicho contrato, documentos que resultan claves para esclarecer posibles actos de corrupción en el proceso de contratación de Pegasus.
- El Comisionado alude a que revelar el anexo técnico de Pegasus pondría en riesgo la seguridad nacional. Tal determinación omite considerar que, hace aproximadamente año y medio, el Anexo Técnico fue publicado en diversos medios de comunicación sin que, a la fecha, ello haya implicado, en lo más mínimo, una afectación a la efectividad de la herramienta.
- Es incorrecto señalar que “no existieron denuncias ante el INAI” por violaciones a la protección de datos personales derivadas de la utilización ilegal de Pegasus. El 4 de diciembre de 2017, R3D interpuso una denuncia en este sentido. Como resultado, nos fue notificado que el día 23 de noviembre de 2018, el INAI ordenó iniciar a la PGR el procedimiento de verificación correspondiente bajo el expediente 007/2018.
Por lo anterior, lamentamos el anuncio de la decisión del INAI de recurrir la sentencia en cuestión, ya que con ello contradice las muestras de voluntad que manifestó en fechas recientes a favor del esclarecimiento de la contratación irregular y el abuso en el uso del malware Pegasus en contra de periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. No obstante, confiamos en que el Poder Judicial de la Federación confirmará la sentencia emitida por el juzgado octavo, permitiendo así sentar un precedente fundamental para la transparencia y el control democrático de la vigilancia en México.
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