• Juez ordena al INAI considerar como información pública las especificaciones técnicas de Pegasus, los procedimientos relativos con su operación, nombres, cargos y firmas de las personas físicas partícipes de la contratación; así como los documentos que sirvieron de base para la celebración del contrato, tales como estudios de mercado, facturas, entre otros.

El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ha dictaminado invalidar una resolución del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) que permitía a la Procuraduría General de la República (PGR) ocultar los nombres, cargos y firmas de las personas físicas que participaron en la adquisición del malware Pegasus, así como las especificaciones técnicas del equipo y los procedimientos relacionados con su operatividad, por considerarse como información pública.

Este decisión es el eslabón más reciente en una cadena de esfuerzos por transparentar toda la documentación relacionada con la adquisición de cualquier software, licencia o herramienta tecnológica desarrollado por la firma NSO Group –o cualquiera de sus filiales y/o subsidiarias–, incluyendo los contratos correspondientes. El 12 de octubre de 2017, R3D realizó una solicitud a la PGR para acceder a esta información, misma que fue clasificada por la dependencia, bajo un supuesto riesgo a la seguridad nacional, el 6 de diciembre de dicho año.

Ante la respuesta, R3D interpuso un recurso de revisión ante el INAI el 9 de enero de 2018. El Instituto ordenó a la Procuraduría, el 11 de abril, entregar una versión pública del contrato celebrado en 2014 entre la PGR, y la empresa Grupo Tech Bull. Sin embargo, el INAI permitió que la PGR mantuviera reservados datos relevantes como nombres y puestos de quienes suscribieron el contrato, así como la información técnica relacionada con el equipo de vigilancia. La resolución también favorecía la opacidad al no ordenarle a la PGR la entrega de otros documentos relacionados con el proceso de adjudicación, limitándose únicamente al contrato con Tech Bull, previamente revelado en investigaciones periodísticas.

Por lo tanto, el 9 de mayo, R3D promovió el juicio de amparo 591/2018, cuya resolución indica que el INAI “viola el derecho a la información, a la transparencia, a la rendición de cuentas” al reservar las características, funcionamiento e identidad de las personas que participaron en la contratación de Pegasus. El juez señala que, al existir indicios que permiten inferir el uso ilegítimo de esta herramienta de vigilancia, “las características de esa tecnología deben considerarse información pública”.

De este modo, la sentencia indica el INAI deberá considerar como públicos las especificaciones técnicas del equipo, los procedimientos relativos con su operación, así como nombres, cargos y firmas de las personas físicas partícipes de la contratación de Pegasus. Igualmente, el Instituto deberá ordenar a la PGR la entrega de los documentos que sirvieron de base para la celebración del contrato con NSO Group, tales como estudios de mercado, facturas, entre otros.

Frente a esta sentencia, instamos al INAI a acatar la decisión del juez para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas acerca de los casos de espionaje en contra de activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos; en congruencia con el reciente proceso de verificación iniciado por el Instituto en contra de la PGR por el uso de Pegasus. Así mismo, exigimos a la Procuraduría y a su nuevo titular demostrar su voluntad política de esclarecer todo lo relacionado con la contratación y el uso ilegal de Pegasus, no recurriendo la sentencia y entregando toda la documentación que fue solicitada por R3D, y que ha sido considerada como información pública en este histórico precedente judicial.

Para mayor información o solicitar entrevistas con medios, favor de dirigirse a contacto@r3d.mx o al teléfono (55)68219917.


Imagen original de gob.mx