Diversos gobiernos del mundo han incrementado el uso de herramientas y programas de hackeo para conducir campañas de vigilancia, modificar información y lanzar ataques de denegación de servicio contra sitios web, defensores de derechos humanos, opositores y todo tipo de activistas, advierte el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU, David Kaye, en su reporte de seguimiento sobre cifrado y anonimato en el mundo.
En este informe, Kaye también señala el esfuerzo de diversos actores de la sociedad civil alrededor del mundo para documentar y exponer el uso de estas tecnologías, altamente intrusivas, contra opositores y personas incómodas, como en el caso de Uganda, con FinFisher o México con el malware Pegasus.
“En México, múltiples reportes indican que las autoridades gubernamentales están usando malware para rastrear y monitorear amplias franjas de la sociedad civil, incluyendo periodistas, abogados, activistas anticorrupción, científicos en nutrición y defensores de consumidores y el derecho a la salud”, se puede leer en el reporte.
El relator advierte que el cifrado provee “poco o nula” protección ante estas avanzadas tecnologías, las cuales típicamente engañan a sus objetivos para que sean instaladas en sus dispositivos, proveyendo un acceso irrestricto a un tercero información contenida en estos.
Además, en el reporte se advierte que generalmente los marcos legales que delimitan el hackeo gubernamental persiste un lenguaje vago e impreciso, que permite a las autoridades abusar de poderes abiertos, con mínimos controles democráticos como la vigilancia externa. Kaye cita como ejemplos la Ley de Servicios de Inteligencia de 1994, del Reino Unido y el Reglamento Federal de Procedimientos Criminales de los Estados Unidos.
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