En México, ninguna autoridad facultada para ejercer acciones de vigilancia ha cumplido por completo con las obligaciones contempladas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), reveló el informe Transparencia y vigilancia en México: lo que no sabemos sobre lo que el gobierno sabe de nosotros, elaborado por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, publicado el 6 de junio de 2018.

El informe se basa en tres criterios para analizar el cumplimiento de 35 autoridades (32 estatales y 3 federales, el CISEN, la Policía Federal y la PGR) de la LGTAIP: uno, que la información esté publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el sitio web de la autoridad; dos, que la información esté actualizada y, tres, que la información publicada cumple con el formato y lineamientos técnicos de la LGTAIP.

Entre los principales hallazgos del informe encontramos que 14 autoridades, entre ellas la Policía Federal, incumplen absolutamente con sus obligaciones de transparencia, y apenas 21, incluidas la PGR y el CISEN, cumplen de forma parcial.

Respecto al cumplimiento de los criterios establecidos, solo la Fiscalía General de Querétaro y la de Veracruz cumplen con el primer criterio; ocho autoridades (Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco, PGR y CISEN) cumplieron con el segundo criterio; finalmente, 10 autoridades (Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas y el CISEN) respetan el tercer criterio.

En 21 casos se encontraron irregularidades en la manera en que presentan la información las autoridades e incongruencias en los datos publicados por éstas y la información obtenida mediante solicitudes de transparencia. Además, Veracruz, Zacatecas y Tabasco reservaron toda la información que el artículo 70 XVLII de la LGTAIP les obliga a publicar de manera proactiva.

Nuestro informe concluye que en el país, “las normas que establecen obligaciones de transparencia no han significado, en la práctica, un avance sustancial en la calidad y cantidad de información disponible sobre el volumen y alcance de las medidas de vigilancia”. Por lo que extiende una serie de recomendaciones para las autoridades.