Las empresas de telecomunicaciones, entornos móviles e Internet no son suficientemente transparentes sobre el diseño, administración y gobernanza de plataformas digitales y servicios que afectan los derechos humanos en el mundo, concluyó el estudio Índice de Responsabilidad Corporativa 2018 de la iniciativa Ranking Digital Rights.
Las empresas mejor evaluadas fueron, en el apartado de Internet y Ecosistema Móvil, Google y Microsoft y, en el apartado de Telecomunicaciones, Vodafone y AT&T, una repetición del estudio 2017.
En el Índice de Responsabilidad Corporativa se señalan cuatro puntos de preocupación en el sector: respeto a la privacidad de los usuarios; medidas de seguridad para resguardar información; poca transparencia sobre el manejo de información y contenido y, finalmente, muy pocas empresas hacen de los derechos de expresión y privacidad de los usuarios un eje central en sus políticas.
A pesar de esto, 17 de las 22 compañías que fueron evaluadas mejoraron su calificación en alguna de las áreas, entre 2017 y 2018, y hay varias que han mejorado en múltiples áreas, destaca Ranking Digital Rights.
La iniciativa hace varias recomendaciones a las compañías para que mejoren su calificación en el índice, de forma inmediata, y sin importar que existan o no reformas legales y de políticas públicas que así lo provoquen.
Estas recomendaciones son, de forma general: fortalecer la gobernanza corporativa; tomar en serio la evaluación de riesgos; proveer mecanismos relevantes para quejas y soluciones; ser transparente y responsable; fortalecer la privacidad; fortalecer la seguridad e innovar para los derechos humanos.
Al igual que en 2017, América Móvil fue incluida en el estudio obteniendo el lugar cinco entre las 10 empresas de telecomunicaciones evaluadas y sin mejorar de forma sustancial en ningún apartado respecto al Índice de Responsabilidad Corporativa 2017.
Entre los aspectos que destaca el estudio se encuentran la falta de apertura sobre cómo responde ante peticiones gubernamentales para “apagones” de redes y su falta de transparencia sobre el manejo de peticiones gubernamentales y privadas para restringir contenido o compartir información de sus usuarios.
