• México es “uno de los casos más emblemáticos de abuso y ausencia de controles democráticos a las facultades de vigilancia”: Luis Fernando García, director de R3D.
  • A ocho meses de las denuncias, la PGR no ha identificado a las personas responsables de operar Pegasus ni ha visitado las instalaciones donde se encuentra el sistema de vigilancia.
  • R3D solicitó a la CIDH presionar al gobierno mexicano “a aceptar un mecanismo extraordinario con supervisión internacional que otorgue garantías de una investigación profesional, exhaustiva e independiente”.

En el marco del 167 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el director ejecutivo de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García, acusó la falta de capacidad y voluntad política de la Procuraduría General de la República (PGR) para resolver las denuncias sobre los intentos de espionaje con el malware Pegasus en contra de periodistas, activistas, abogados y personas defensoras de derechos humanos, documentados en el informe Gobierno Espía.

Durante la audiencia “Inteligencia digital, ciberseguridad y libertad de expresión en América”, celebrada el miércoles 28 de febrero en la ciudad de Bogotá, Colombia, García señaló que México es “uno de los casos más emblemáticos de abuso y ausencia de controles democráticos a las facultades de vigilancia”, ya que el Estado mexicano ha incrementado considerablemente sus capacidades legales y técnicas para llevar a cabo este tipo de medidas.

El director de R3D refirió que en 99 por ciento de las veces en las que una autoridad ha accedido a datos de usuarios de telecomunicaciones conservados por las empresas que prestan dichos servicios, lo ha hecho sin una orden judicial y, en muchas ocasiones, por autoridades sin facultades expresas. También indicó que apenas ocho por ciento de las averiguaciones previas en las que se ha usado una medida de vigilancia han culminado en algún tipo de acción penal.

Para García, resultan preocupantes las revelaciones de que las autoridades mexicanas han adquirido equipo sofisticado de vigilancia. Por ejemplo, indicó que se ha documentado que México es el principal cliente de la empresa Hacking Team, comercializador del software de vigilancia Galileo, del cual se tiene registro que al menos 15 autoridades, tanto estatales como federales, han sido compradores de dicho malware.

Así mismo, Luis Fernando García recordó que el malware Pegasus, de la firma israelí NSO Group, fue utilizado contra activistas, periodistas, políticos, abogados y personas defensoras de derechos humanos; incluido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa.

Sobre este último caso, el representante de R3D informó a la CIDH que, a ocho meses de las denuncias, la PGR se ha mostrado incapaz de investigar las denuncias del uso de Pegasus, ya que esta dependencia fue la que adquirió dicho software de vigilancia en 2014. “Hemos confirmado que la PGR no tiene ni la capacidad ni la voluntad política de llevar a cabo una investigación hasta las últimas consecuencias; por el contrario, la PGR parece determinada a que el caso quede en la impunidad”, resaltó.

Luis Fernando García mencionó que la PGR no ha realizado ningún acto de investigación sobre la Agencia de Investigación Criminal –oficina dependiente de la misma fiscalía– pese a ser el organismo que adquirió las licencias de uso de Pegasus; y acusó que no se han identificado ni entrevistado a los agentes responsables de la operación del software ni se han hecho visitas a las instalaciones donde se encuentra el equipo de vigilancia.

Por esos motivos, R3D solicitó a la CIDH que presione al gobierno mexicano “a aceptar un mecanismo extraordinario con supervisión internacional que otorgue garantías de una investigación profesional, exhaustiva e independiente y a llevar a cabo las reformas para impedir que estos hechos puedan repetirse”.

En el mismo acto, García entregó una carta, firmada por 43 organizaciones internacionales, para apoyar la solicitud de per saltum realizada por en la Petición P-273-17, presentada contra México. En dicha carta, dirigida a Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH, se solicita que la Comisión haga un análisis preferente de una denuncia contra México por violaciones al derecho a la privacidad.