Los relatores para la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Edison Lanza, respectivamente, pidieron al gobierno mexicano que garantice la independencia en la investigación del caso #GobiernoEspía.
Ambos realizaron una visita conjunta al país en la que emitieron un conjunto de observaciones y recomendaciones sobre la crisis de libertad de expresión y derechos humanos que vive México.
Entre estas observaciones, Kaye y Lanza señalaron su preocupación por la falta de independencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para investigar este caso, debido a que forma parte de la PGR, la cual es una de las dependencias señaladas por la compra del malware Pegasus.
“El punto de tener una investigación independiente es muy importante, dicha independencia se lograría a través de tener una investigación más abierta, más transparente, más obvia. Desde mi propio punto de vista es que debe ser independiente de cualquier agencia de investigación gubernamental”, declaró Kaye en conferencia de prensa.
Además, los relatores también recomendaron al gobierno mexicano crear un marco legal que proteja a las personas de interferencias a su privacidad, además de reforzar la protección a las fuentes periodísticas.
“Deberían ser establecidos controles judiciales y garantías para las agencias que llevan a cabo vigilancia, dentro de las limitaciones permisibles para una sociedad democrática. México debería considerar crear un órgano independiente para supervisar de manera efectiva las tareas de vigilancia del Estado”, se puede leer en el documento elaborado por los relatores.
Kaye y Lanza también pidieron al gobierno mexicano que se abstenga de aprobar la versión actual de la Ley de Seguridad Interior. En cambio, invitan a que se fortalezca el papel de las agencias civiles de seguridad y que se inicie un diálogo “abierto e integral” sobre el modelo de seguridad que realmente necesita México.
“Ninguna ley que contravenga los poderes dados a las autoridades relacionadas con el acceso a la información o los estándares sobre acceso a la información en casos de graves violaciones de derechos humanos debería ser aprobada.”, concluyen los relatores.
