Bajo el gobierno de Donald Trump, las agencias de seguridad nacional e inteligencia en los Estados Unidos podrían obtener mayores poderes de vigilancia, una situación que preocupa a defensores de derechos civiles y de la privacidad en este país.
La principal sospecha se centra en los candidatos de Trump a ocupar la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Departamento de Justicia (DOJ), el representante Mike Pompeo y el senador Jeff Sessions, respectivamente, y en las posturas que ha externado en el pasado el nuevo presidente electo.
Tanto Sessions como Pompeo han exigido que se incrementen los poderes de vigilancia de las agencias de seguridad, en especial, bajo el pretexto de la necesidad de prevenir ataques terroristas.
De acuerdo con Bloomberg, ambos legisladores buscan reformar la ley para que se permita a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y al Buró Federal de Investigación (FBI) recolectar enormes cantidades de metadatos, de forma indiscriminada. Aún si esto implica espiar a ciudadanos sin que exista sospecha de que hayan cometido algún delito.
Sessions, además, se opone a las restricciones en la capacidad de vigilancia de la NSA y ha apoyado legislación para que el FBI pueda interceptar más información en línea sin necesidad de contar con una orden judicial que lo justifique.
Aunado a esta situación, en el congreso estadounidense se perfilan difíciles batallas por los derechos digitales de sus ciudadanos. En 2017 se espera que el senador Richard Burr impulse una ley que obligue a empresas a dar acceso a investigadores a comunicaciones cifradas.
Mientras que los senadores Ron Wyden y Rand Paul, junto con otros senadores, introdujeron una iniciativa para frenar hasta junio la aprobación de la Regla 41, la cual permitiría al FBI recibir una orden de un juez para acceder a múltiples dispositivos sin importar su localización.
