La decisión de legalizar la desindexación, mal llamada “derecho al olvido”, en todos los buscadores para los países de la Unión Europea sigue dando problemas en el continente.
Recientemente, Google anunció que terminó de cumplir con la expansión de su política de desindexación para Europa, una serie de nuevos requerimientos impuestos desde el regulador de la unión.
Pero ahora, la empresa estadounidense, que concentra casi el 90 por ciento de las búsquedas en Europa, apeló una orden del órgano de transparencia francesa, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), que implicaba aún más expansión de las medidas, informó el sitio especializado en tecnología Ars Technica.
De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades europeas, cualquier persona que considere que un dominio contiene información irrelevante, vieja u obsoleta que afecte su imagen puede pedir su desindexación de los buscadores.
En principio ésta sólo funcionaba en el mismo país y dominio de la petición. Por ejemplo, si un alemán pedía que se retirara un dominio de las búsquedas éste dejaría de aparecer en los resultados del dominio en Alemania de Google.
La expansión, entonces, consistió en aplicarlo para todos los dominios del gigante tecnológico, google.com, google.de, google.uk., entre otros, a través de rastreo de la dirección IP de la que proviene la búsqueda Google determina qué resultados puede arrojar o no.
Pero, la orden emitida desde el CNIL provocaría que las peticiones de desindexación aprobadas en Europa tuvieran un efecto transnacional e incluso global. Lo que implicaría que Francia, o cualquier otro país del mundo de sentarse el precedente, podría elegir lo que puede verse o no verse fuera de su territorio.
Las consecuencias para la libertad de expresión podrían ser graves, debido a que las causales de desindexación permanecen en una línea delgada entre un supuesto derecho a la privacidad y una censura selectiva.
“Esta orden podría llevar a una carrera global al fondo, lastimando el acceso a la información que es perfectamente legal para ver en el país de uno. Por ejemplo, esto podría prevenir a los ciudadanos franceses de ver contenido perfectamente legal en Francia. Esta no es una preocupación hipotética.
“Hemos recibido demandas de gobiernos para remover contenido globalmente bajo varias razones, y hemos resistido, incluso cuando esto ha llevado a algunos bloqueos de nuestros servicios.”, escribió al respecto el consejero general y vicepresidente senior de Google, Kent Walker en un editorial para el diario francés Le Monde.
De ganar la apelación, se podría revertir un poco de la política europea, sentando un precedente en pro de la libertad de expresión en el mundo.
