Hoy es el décimo aniversario del Día Internacional contra la Gestión de Restricciones Digitales (DRM), una práctica que afecta a consumidores de todo el mundo y en toda clase de dispositivos y aparatos, desde automóviles hasta refrigeradores.
El DRM consiste en tecnologías de acceso controlado o acuerdos de licencia restrictivos que buscan evitar el uso, modificación o distribución de trabajo protegido por derechos de autor, de acuerdo a la definición que ofrece la organización Creative Commons.
Algunos ejemplos de DRM podrían ser la imposibilidad de utilizar componentes que no son vendidos por distribuidores autorizados para reparar un teléfono celular o tener que recurrir a un técnico vinculado a una empresa para dar mantenimiento a dispositivos médicos en un hospital.
Este es el caso de la maquinaria John Deere. El año pasado, la empresa trató de evitar que granjeros modificaran el código de software en sus tractores para poder aprovechar la maquinaria de mejor forma. La empresa trató de utilizar la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA) para limitar la posibilidad de que su software fuera analizado y modificado para reparar alguna parte del funcionamiento.
Pero hay ejemplos más cotidianos, como cuando una consola te impide jugar un videojuego por no estar conectado a Internet o se te impide leer un e-book de tu propiedad en un dispositivo en el que no fue descargado.
En todos estos casos, la gestión se vuelve limitante a las capacidades del aparato y a las posibilidades del usuario de aprovecharlas en su máximo potencial. El usuario pierde control y propiedad efectiva del mismo.
A través de DRM, los fabricantes pueden también controlar la vida de los dispositivos, una estrategia conocida como obsolescencia programada. Por encima de todo, la Gestión de Restricciones Digitales afecta profundamente los derechos digitales y libertades de los usuarios.
Éste es uno de los graves problemas incluídos en el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), del cual México podría ser parte, aunque su discusión y ratificación están pendientes en el Senado.
En el TPP se incluyen penas criminales por evadir esta clase de gestiones para dispositivos, además, de acuerdo con Creative Commons, trata este tipo de violaciones como una ofensa separada sin importar cualquier actividad que infrinja los derechos de autor del contenido subyacente.
La habilidad o posibilidad de manipular, reparar o incluso usarlo de cualquier forma en que el dueño legal del dispositivo quiera se pone en peligro a través de estas disposiciones.
