El congreso brasileño debatirá esta semana un paquete de leyes que en su conjunto ponen en peligro y criminalizan distintas conductas de los usuarios de Internet de la nación sudamericana.

Estas propuestas forman parte de una discusión de nueve meses de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre Crímenes Cibernéticos. Distintas organizaciones han alertado sobre las propuestas en meses anteriores, como Access Now, Article 19 y Electronic Frontier Foundation (EFF).

De acuerdo con el medio especializado en política y tecnología The Intercept, las propuestas utilizan la excusa de la prevención del terrorismo y el crimen en Internet, como pornografía infantil, para convertirse en un sistema de vigilancia sin observación judicial y que atenta contra la libertad de expresión.

Las propuestas brasileñas se asemejan a las que países como México, las Filipinas, Perú, Pakistán, Nigeria y Kenia han visto recientemente.

En palabras de Katitza Rodríguez, directora de Derecho Internacional de EFF, el planteamiento de los delitos cibernéticos o en Internet se ha convertido en una de las excusas más recurrentes para crear legislaciones muy amplias que promueve controles a las actividades en línea.

Las nuevas disposiciones proponen puntos tan controversiales como obligar a proveedores de Internet a remover contenido generado por usuarios, incluyendo al que sea considerado como un “crimen contra el honor y otras ofensas”, sin una orden judicial de por medio.

El periódico Folha de Sao Paulo criticó las medidas en un editorial el sábado pasado, en éste aseguró que el conjunto de iniciativas son contrarias al Marco Civil de Internet, un conjunto de derechos para la protección de Internet y sus usuarios que colocó al país en la vanguardia global al respecto.

Otras de las medidas incluidas en el paquete son: identificar direcciones IP de usuarios, el bloqueo de aplicaciones como WhatsApp o Facebook, el incremento de multas y la persecución contra el acceso no autorizado a información.

Una ley de estas características no solo crea vacíos legales, sino que abre las puertas a abusos y violaciones contra los derechos humanos por las agencias de seguridad estatales.

Además, su promoción de la vigilancia puede provocar que en un segundo plano se socave a la expresión de ideas disidentes y grupos minoritarios que se sientan amenazados y que requieran de una mayor protección a su privacidad.

Joana Varon, director de la organización Coding Rights, dedicada a la promoción de derechos en Internet, aseguró a The Intercept que la propuesta está guiada por una visión conservadora de los diputados brasileños.

“[…] terminamos criminalizando todo, asegurando que todos somos terroristas, tomando prácticas comunes y criminalizándolas porque no entendemos como funciona Internet. Es problemática”, explicó Varon.

Imagen original de Global Voices