Además de suponer una gran amenaza para los derechos y libertades de los 65 millones de ciudadanos británicos, la Ley de Poderes Investigativos podría representar un multimillonario costo a los contribuyentes de esa nación.
La ley, propuesta en noviembre de 2015, causó un gran revuelo entre miembros del Parlamento Británico y grupos de defensa de los derechos civiles por la falta de claridad en conceptos clave y la forma en que otorga poderes supralegales a autoridades británicas para vigilar a sus ciudadanos.
Una parte importante de la iniciativa de ley es la recolección y almacenaje de grandes cantidades de datos, para lo cual el gobierno ha propuesto una red de monitoreo permanente de todas las conexiones a Internet en el Reino Unido.
Además, la información de todos los historiales de navegación tendría que ser almacenada al menos 12 meses para poder ser revisada por las autoridades británicas.
La propuesta, al igual que el resto de la Ley de Poderes Investigativos es violatoria de los derechos de privacidad y de presunción de inocencia de los ciudadanos británicos, pero su operación representaría un tremendo gasto para el gobierno.
Risiblemente, éste costo había sido calculado originalmente en 174 millones de libras esterlinas, para los primeros 10 años, reporta The Guardian.
Pero coaliciones de organizaciones civiles como Don’t Spy on Us, de Privacy International y Open Rights Group, calcularon el gasto en mil millones de libras esterlinas, alrededor de 25 mil millones de pesos.
El cálculo fue realizado comparando la operación británica con una similar en Dinamarca, cuya población es unas 10 veces menor y cuyo costo se fijó en 100 millones de libras, pero el costo fue calculado sin considerar el resguardo de la información, por lo que podría ser mucho mayor.
“El gobierno está tratando de forzar a los proveedores de Internet para recolectar todos nuestros récords de conexión a Internet, pero se niega a escuchar cuando expresan su consternación sobre los costos y factibilidad de sus propuestas.
“Como en Dinamarca, el gobierno debería comisionar un análisis de costos independiente para clarificar el verdadero gasto de recolectar historiales de navegación de Internet.”, declaró el director de Don’t Spy on Us, Eric King, en una cita retomada en el sitio web de la coalición.
Pero el gobierno británico insiste en que su cálculo es correcto. Un vocero de la Oficina del Interior defendió tanto al cálculo como a la iniciativa en un posicionamiento público sobre la polémica.
“Estamos determinados a implementar la legislación en una forma en la que nos traerá el máximo beneficio operacional para la policía y las agencias de seguridad. Nuestras propuestas proveen un marco comprensivo y comprensible para los poderes investigativos, con unas robustas salvaguardas y observación a la vanguardia mundial”, declaró el vocero, cita The Guardian.
La Ley de Poderes Investigativos causó aún más revuelo a mediados de marzo cuando se publicó el Código de Práctica de Interferencia de Equipos de la misma.
En éste se contempla que todos los proveedores de servicios de comunicación (desde quienes administran un juego en línea hasta un hot spot de WiFi) sean copartícipes de la vigilancia masiva y secreta que propone la nueva ley.
Pagar por legalizar este cúmulo de violaciones e ilegalidades y a un costo tan alto para el erario público británico es una ofensa a los derechos humanos y a las ciudadanía del Reino Unido.
