El día de hoy, en R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales nos sumamos a cientos de organizaciones y personas de todo el mundo para exigir a los líderes de los gobiernos del mundo que apoyen la seguridad de las comunicaciones en línea de los usuarios. Pedimos que los gobiernos rechacen aquellas leyes, prácticas, acuerdos y políticas que limiten o prohiban el cifrado, así como el uso de otras tecnologías de comunicación segura.
Entre los firmantes destacados de esta carta se encuentran el activista Jacob Appelbaum; el investigador Collin Anderson; el ex relator especial para la ONU Frank LaRue; el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, David Kaye; la cofundadora de Global Voices, Rebecca McKinnon; el abogado Mike Godwin, entre otros.
A continuación, reproducimos la carta que suscribimos, publicada este lunes 11 de enero en SecureTheInternet.org
Carta abierta a los líderes de los gobiernos del mundo:
Les instamos a proteger la seguridad de sus ciudadanos, su economía y su gobierno apoyando el desarrollo y el uso de herramientas y tecnologías de comunicación segura; y rechazando políticas que impidan o menoscaben el uso del cifrado fuerte. Pedimos también que propongan a otros líderes a acompañarlos.
Los servicios, tecnologías y herramientas de cifrado son esenciales para la protección de la información y para defender la infraestructura digital y las comunicaciones personales de accesos no autorizados. La capacidad para desarrollar libremente y utilizar el cifrado es una de las piedras angulares de la economía global de hoy. El crecimiento económico en la era digital se ve impulsado por la capacidad de confiar en la autenticidad de nuestras interacciones; así como también por la habilidad de comunicarse y realizar negocios de forma segura, dentro de las naciones y a través de las fronteras.
Algunos de los más destacados tecnólogos y expertos en cifrado recientemente explicaron que las leyes o políticas que socavan el cifrado “obligarían a un cambio de sentido de las mejores prácticas que ahora se están implementando para hacer a Internet más segura,” “aumentarían sustancialmente la complejidad del sistema” además de subir los costes asociados y “crearían blancos concentrados que podrían atraer a actores maliciosos”. (PDF) La ausencia de cifrado facilita el acceso de criminales y otros actores maliciosos a datos personales sensibles, incluyendo información financiera e información de identificación. Una vez obtenidos, los datos sensibles pueden ser vendidos, expuestos públicamente o utilizados para chantajear o avergonzar a las personas.
El Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión ha señalado que “el cifrado, el anonimato y los conceptos de seguridad detrás de ellos, proporcionan la privacidad y seguridad necesarias para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en la era digital”. A medida que nos acercamos a conectar a los próximos mil millones usuarios, las restricciones de cifrado en cualquier país probablemente tendrán un impacto global. El cifrado y otras tecnologías y herramientas de anonimato permiten a abogados, periodistas, denunciantes y organizaciones comunicarse libremente a través de las fronteras y trabajar por el bien de sus comunidades. También asegura a los usuarios la integridad de sus datos y autentica a personas frente a empresas, gobiernos y entre sí.
Alentamos a los gobiernos a apoyar la seguridad mediante el fortalecimiento de la integridad de las comunicaciones y sistemas. Cualquier gobierno debería rechazar las leyes, políticas, mandatos o prácticas –incluyendo acuerdos secretos con empresas–, que socaven o limiten el acceso al cifrado y otras tecnologías y herramientas de comunicación segura. Los usuarios deben tener la opción de usar – y las empresas la opción de ofrecer – el cifrado más fuerte disponible, incluyendo el cifrado extremo a extremo, sin temor a que los gobiernos obliguen a obtener acceso al contenido, los metadatos o las llaves de cifrado sin el debido proceso y en perjuicio del respeto a los derechos humanos. En consecuencia:
Los gobiernos no deberían prohibir ni limitar el acceso de los usuarios a las tecnologías de cifrado; o prohibir la aplicación o el uso de cifrado por grados o tipos;
Los gobiernos no deberían exigir el diseño o la implementación de “puertas traseras” (backdoors) o vulnerabilidades en herramientas, tecnologías o servicios;
Los gobiernos no deberían requerir que las herramientas, tecnologías o servicios sean diseñados o desarrollados para permitir el acceso de terceros a datos sin cifrar o a claves de cifrado;
Los gobiernos no deberían tratar de debilitar o socavar los estándares de cifrado o influir intencionalmente en su desarrollo, a menos que sea para promover un mayor nivel de seguridad de la información.
Ningún gobierno debe exigir algoritmos, estándares, herramientas o tecnologías de cifrado inseguro.
Los gobiernos no deberían, por acuerdo privado o público, obligar o presionar a las entidades a actuar de manera incompatible con los principios anteriores.
El cifrado fuerte y las herramientas y sistemas seguros que dependen de él son fundamentales para mejorar la ciberseguridad, fomentar la economía digital y proteger a los usuarios. Nuestra capacidad continua para aprovechar internet para la prosperidad y el crecimiento global y como una herramienta para organizadores y activistas depende de la posibilidad y el derecho de comunicarse de forma privada y segura a través de redes confiables.
Estamos deseosos de trabajar juntos hacia un futuro más seguro.
Traducción al español proveída por Access Now.
