El dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobado en comisiones en el Senado, propone nuevamente la creación de un registro de todas las personas usuarias de telefonía móvil, al darle a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de expedir los lineamientos de este registro y determinar qué autoridades pueden acceder a su información.
Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, mostramos nuestro rechazo a la creación de este padrón, similar al RENAUT de Calderón o el PANAUT de López Obrador; este último, declarado como inconstitucional por la SCJN.
Ana Gaitán, abogada en R3D, participó en los conversatorios para el análisis del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones. En su intervención advirtió que “el registro masivo, obligatorio y centralizado de personas usuarias de telefonía móvil pone en riesgo nuestros datos personales a accesos no autorizados, ya sea por vulneración de datos o actos de corrupción cometidos por autoridades –muchas veces coludidas con la delincuencia organizada–”.
Aunque en esta legislación no se desarrolla en qué consiste este registro, en otras iniciativas que se encuentran siendo procesadas por el Congreso se advierte que se pretende asociar cada línea telefónica a una identificación oficial, la CURP o el RFC, vinculando la identidad de la ciudadanía a un número de teléfono bajo el argumento de reducir diversos delitos o actos criminales.
Hasta ahora no existe evidencia de que un registro obligatorio de líneas telefónicas, como el propuesto, reduzca la actividad criminal; por el contrario, con la implementación del RENAUT en 2008, el delito de extorsión aumentó 40% y el de secuestro, 8%. Además, este sería fácilmente eludible mediante múltiples técnicas de suplantación de números telefónicos, pudiendo incluso incriminar a personas inocentes.
Por tal motivo, es de suma importancia contar con salvaguardas adecuadas, un control judicial previo y una supervisión independiente de una autoridad de protección de datos autónoma, para medir su eficacia y transparentar su funcionamiento.
Desde R3D hacemos un llamado a eliminar la facultad de la Agenciade expedir lineamientos para el registro de usuarios del servicio móvil y la correspondiente obligación de los concesionarios y autorizados de permitir el acceso a dicho registro por parte de autoridades indefinidas.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
