El 1 de abril, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, reveló que el gobierno del presidente Donald Trump ha solicitado al gobierno mexicano, entre otras cosas, que comparta los datos biométricos de personas migrantes y viajeras con las autoridades fronterizas. Noem afirmó haber conversado al respecto con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se habría mostrado dispuesta a discutir la posibilidad, “aunque sería un poco controversial”, según palabras de la funcionaria estadounidense.
En respuesta, la presidenta Sheinbaum declaró que México no cuenta con los datos biométricos solicitados y aclaró que la información a la que tendrían acceso las autoridades de Estados Unidos sería únicamente de personas migrantes. La presidenta también negó que la iniciativa de identidad con datos biométricos que envió al Senado se encuentre relacionada con la solicitud del gobierno norteamericano.
“Yo le explicaba a la secretaria que en México no tenemos un sistema de identificación biométrica y que, en todo caso, eso tendría que ser parte de una mesa de trabajo. Entonces, ese segundo acuerdo no se firmó”, declaró Sheinbaum en la conferencia matutina del martes 1 de abril. No obstante, las declaraciones de la presidenta son engañosas, ya que existe evidencia de las propias autoridades migratorias mexicanas que contradice sus afirmaciones.
El gobierno mexicano cuenta con información sobre las personas migrantes que han cruzado por el territorio nacional desde 2018. De acuerdo con solicitudes de acceso a la información realizadas por R3D, al 5 de febrero de 2025, el gobierno recaba datos de personas migrantes detenidas en las once estaciones migratorias ubicadas a lo largo del país. Tan solo en 2024, se realizaron transacciones biométricas de 35 mil 246 personas migrantes.
Además, según los datos del propio Instituto Nacional de Migración, entre 2018 y 2024, se han transferido 433 mil 224 perfiles de datos biométricos, sin haber revelado con qué autoridades fue compartida dicha información.
Otra solicitud de acceso a la información indica que, al 10 de diciembre de 2024, se encuentra vigente un acuerdo de colaboración con Estados Unidos para la transferencia de datos biométricos de personas migrantes detenidas en México, celebrado durante el primer mandato de Trump en 2017 y sin que haya sido modificado a la fecha. La información sobre el número de personas cuyos datos se han compartido mediante dicho acuerdo o el uso que se le ha dado a dichos datos ha sido reservada por razones de seguridad nacional.
No hay motivos para considerar que el acuerdo de transferencia de datos no se encuentre actualmente vigente o que la recolección de datos de personas migrantes en estaciones migratorias se haya detenido. Por el contrario, Estados Unidos ha sido el principal impulsor para que México recabe esta información, a través de donaciones de equipo tecnológico, entrenamiento para su uso e incluso operando estos sistemas en suelo mexicano.
Dado que México y Estados Unidos ya cuentan con un acuerdo vigente para compartir información biométrica de personas migrantes, resulta lógico pensar que la petición del gobierno de Trump apunta a tener acceso a los datos biométricos de la población mexicana en general. Por tanto, no sería extraño que la insistencia del gobierno de Sheinbaum por impulsar reformas para la identificación biométrica de toda la población responda a las presiones de EE.UU., lo cual debería despertar mayores preocupaciones.
La simple existencia de una base de datos biométricos centralizada ya es un problema en sí ante potenciales ataques cibernéticos, filtraciones y abusos. Pero además, que los datos de la población mexicana puedan ser transferidos a Estados Unidos implica un grave riesgo de ser explotados para vigilar, criminalizar y perseguir a poblaciones vulnerables, como ocurre en el caso de las personas migrantes.
Por ejemplo, a través de este tipo de acuerdos, El Salvador comparte información con Estados Unidos de personas que han sido detenidas en el contexto de estado de excepción que se vive en el país centroamericano. Existen personas que se encuentran huyendo de la situación sistemática de abusos y detenciones arbitrarias que se viven en el gobierno de Bukele, las cuales podrían ver imposibilitada su alternativa para pedir asilo en Estados Unidos al ser erróneamente perfiladas por la información compartida.
El hecho de que México comparta datos de personas migrantes detenidas en su paso por territorio nacional lo convierte en un cómplice de las políticas inhumanas de control migratorio llevadas a cabo por el gobierno de Estados Unidos. Extender esa política a través de la creación de un sistema de identificación biométrica de toda la población no es algo simplemente “controversial”, sino que antepondría los intereses del gobierno de Trump a la seguridad y los derechos de cada persona en México.
Imagen: (CC-BY) Andrés Timm
