La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) compartió con autoridades mexicanas información privada de personas presuntamente vinculadas con la organización de caravanas migrantes de 2018 ─entre ellas, periodistas, activistas y abogadas─, reveló una investigación periodística.
El reportaje confirma la existencia de una campaña conjunta entre los gobiernos de México y Estados Unidos para vigilar y criminalizar a personas defensoras de derechos humanos, que organizaciones como Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Ibero y la Red TDT ya habían previamente denunciado.
Por ejemplo, en enero de 2019, un oficial de la CBP compartió con autoridades mexicanas una lista de supuestos organizadores, coordinadores, instigadores y medios vinculados a la caravana de personas migrantes. Esta lista contenía “fotografías, nombres, fechas de nacimiento, datos de ciudadanía y otra información de decenas de estadounidenses y personas de otras nacionalidades”.
El oficial aseguró a sus contrapartes mexicanas que las personas en la lista habían “incitado a la violencia e instigado incursiones masivas”. Sin embargo, ante investigadores de la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional, el mismo oficial aceptó que aparecer en la lista solo significaba que las personas tenían alguna asociación con la caravana.
La CBP incurrió en prácticas irregulares y sin protocolos de seguridad con las autoridades mexicanas, tales como: compartir información en grupos de WhatsApp con cientos de oficiales estadounidenses y mexicanos; enviar documentos a correos no oficiales, como Yahoo, o utilizar cuentas privadas de correo para enviar información sensible (fotos de licencias de conducir de periodistas) a correos electrónicos institucionales.
La vigilancia que llevaron a cabo las autoridades binacionales contra periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos fue utilizada para negarles el acceso a México, a pesar de tener razones legítimas para llevar a cabo sus actividades, como acompañar a las comunidades migrantes o reportar noticias.
“Fomentar el espionaje, la recolección de información y monitoreo de activistas y periodistas abre la puerta a un gran rango de acciones criminales y violaciones a los derechos humanos”, aseguró Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, quien agregó que estas acciones “pusieron gravemente en peligro a grupos que el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que están en riesgo”.
Imagen (CC BY) Gibrán Aquino
