Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos sentenció que el programa de vigilancia aérea sin “orden judicial” del Departamento de Policía de Baltimore viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de este país, la obliga a las autoridades de justicia a conducir “pesquisas y aprehensiones” de manera razonable, informó ABA Journal.
El programa de Investigación Aérea (AIR, por sus siglas en inglés) utilizaba aviones con cámaras de muy alta definición para registrar los movimientos de personas y vehículos conectados con crímenes graves; sin embargo, también registraba los movimientos de toda la ciudad.
“Debido a que el programa AIR permite a la Policía deducir de los movimientos de todos los individuos, mantenemos que acceder a esta información es una búsqueda y una operación que sin orden judicial viola la Cuarta Enmienda”, sentenció el juez Roger Gregory.
AIR era parte de un programa piloto que fue cancelado después de las quejas del público, pero la Policía mantuvo la información relacionada con investigaciones en específico, por lo que la apelación no cayó en saco roto.
El criterio que utilizaron una parte de los jueces se basó en la resolución de 2018 de la Corte Suprema: Carpenter v. United States. Esta sentencia dicta que la policía en general tiene que obtener una orden apoyada en una causa probable antes de obtener información de ubicación de un teléfono celular.
Carpenter identificó una expectativa razonable de privacidad de los movimientos físicos de una persona, señaló Gregory. El programa AIR registraba cada movimiento de todas las personas que estuvieran en exteriores en Baltimore y lo guardaba durante, al menos, 45 días.
Esta información contiene una enorme riqueza de detalles, muchos más que los que se obtendrían del seguimiento de viajes individuales.
“Por lo tanto, debido a que el programa AIR abre ‘una íntima ventana’ a las asociaciones y actividades de las personas, viola la expectativa razonable de privacidad que los individuos tienen en el conjunto de sus movimientos”, aseguró Gregory.
Finalmente, el juez aclaró que la resolución no se opone a la innovación policial y el uso de la tecnología para avanzar la seguridad pública, sino que enfatiza que el rol de los requerimientos judiciales se mantiene sin cambios, aunque se creen nuevas capacidades.
Imagen de andy@atbondi (CC BY-NC-ND 2.0)
