El lunes 8 de febrero, el senador Ricardo Monreal hizo pública su iniciativa sobre regulación de redes sociales, la cual pretende presentar ante el Senado en tres semanas. La propuesta busca incorporar medidas que amenazan a la libertad de expresión, además de ser imprácticas dentro del ecosistema de Internet.

La propuesta de Monreal emplea una definición deficiente de “redes sociales”, cuya amplitud y vaguedad termina clasificando como tal a prácticamente cualquier sitio de Internet que permita a sus usuarios difundir información. Esto no solo incluye a Twitter y Facebook, sino también a plataformas como Wikipedia, Reddit, portales de noticias que permiten comentarios, e incluso aplicaciones de mensajería como Telegram.

Aún más confusa resulta la definición de “redes sociales relevantes”, que contempla arbitrariamente a cualquier sitio que tenga más de un millón de usuarios o suscriptores. No se define si se consideran usuarios en México o en el mundo; si son usuarios registrados o activos, ni en qué periodo. Tampoco se justifica por qué un millón convertiría, en automático, a una plataforma en relevante respecto de su influencia en el flujo de información.

La iniciativa exige que estas “redes sociales relevantes” soliciten autorización al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para ofrecer sus servicios en línea, algo que ningún país democrático exige. El requisito de pedirle permiso al Estado para operar en Internet es innecesario y notablemente inconstitucional y es un requisito que ningún país democrático exige para existir en Internet.

Además, se exige que estas plataformas cuenten con políticas para censurar contenidos bajo conceptos ambiguos como “eliminar la difusión de mensajes de odio”, “evitar la propagación de noticias falsas” y “proteger los datos personales”. Bajo el pretexto de impedir la censura privada, es preocupante que se fomente la censura previa desde el Estado.

Al mismo tiempo, se restringe la capacidad de los sitios para hacer moderación de contenidos, al no contemplar la posibilidad de eliminar spam o bots que manipulen la plataforma. La iniciativa de Monreal también asume erróneamente que la moderación de contenidos se realiza únicamente de manera centralizada, como lo hacen Facebook o Twitter. La propuesta ignora que existen modelos descentralizados de moderación, como los de Wikipedia o Reddit, donde se realiza por parte de la comunidad de personas usuarias, bajo parámetros no contemplados, lo que pone en riesgo la viabilidad de estas plataformas.

Mientras que la iniciativa establece una serie de obligaciones absurdas y peligrosas, omite contemplar medidas consideradas como mejores prácticas para la rendición de cuentas de plataformas dominantes, tales como obligaciones de transparencia o de notificación para personas usuarias por decisiones de suspensión o cancelación de publicaciones o cuentas. Si bien la propuesta contempla la obligación de proveer mecanismos de apelación, no los desarrolla de manera suficiente.

Asimismo, la iniciativa no propone ningún tipo de reforma a la ley de protección de datos personales ni ofrece protección alguna a las personas usuarias de plataformas dominantes frente a la explotación masiva de datos personales.

Finalmente, resulta especialmente preocupante que el senador Monreal haya expresado públicamente su renuencia a no entablar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo cuando es evidente que esta regulación requiere de un debate plural y amplio, sin que la prisa o la coyuntura política condicionen la discusión.

Desde R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales insistiremos en una regulación que proteja efectivamente los derechos humanos de las personas usuarias en Internet, y que no utilice la ley para establecer controles autoritarios al ecosistema de Internet, contrario a los principios de un país democrático.


Imagen de Mark van Laere (CC BY-NC-ND 2.0)