La organización Electronic Frontier Foundation (EFF) publicó una nueva versión actualizada de su reporte “Necesarios y Proporcionados: Sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones”, una recopilación sobre las preguntas más frecuentes de las políticas de protección de datos de distintos gobiernos en la región de América Latina y España.

Esta nueva edición comprende análisis actualizados sobre Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Panamá y Perú. Brasil y Panamá son algunos de los países en la región que han adoptado un esquema inspirado en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, recientemente, en el primero entró en vigor la nueva ley de protección a la privacidad.

El reporte sobre México, elaborado en colaboración con Luis Fernando García, director de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales presenta 16 preguntas frecuentes sobre la protección de datos, tales como: qué criterios hay para la transferencia de información personal a terceros países bajo la ley de protección de datos; cuáles son las leyes de privacidad para comunicaciones; si existe alguna regla que autorice el uso de malware; o si las compañías de telecomunicaciones publican algún reporte de transparencia.

Entre los hallazgos sobre México, destaca la derogación de la obligación de publicar informes de transparencia por parte de las empresas de telecomunicaciones, lo que ha llevado a que solamente dos de ellas (AT&T y Telefónica Movistar) revelen este tipo de información. Telmex/Telcel, el operador con mayor presencia en el país, no publica informes de transparencia. Asimismo, en México no existen obligaciones legales para que las empresas revelen a las personas usuarias si sus datos fueron solicitados por el Estado.

Aunque EFF reconoce que han habido importantes avances en la materia, el reporte señala que pocos países han adoptado medidas vinculadas al tratamiento de datos personales por las fuerzas del orden público, y que hasta el momento, solo México cuenta con una reglamentación para el sector público.

Para EFF, estas preguntas frecuentes ayudan a detectar “lagunas, señalar las normas o destacar las salvaguardias fundamentales (o la falta de ellas) […] Se necesita urgentemente más transparencia, tanto en la forma en que se aplicarán los reglamentos como en el trabajo adicional que están realizando las empresas privadas y el sector público para proteger proactivamente los datos de los usuarios.”


Imagen de EFF (CC BY 3.0 US)