El diario digital Interferencia de Chile publicó una serie de mapas, con información georreferenciada filtrada del Ministerio de Salud (MINSAL), sobre personas que fueron diagnosticadas como positivas por Covid-19 en distintas comunas metropolitanas (municipios) de ese país.

Los datos publicados por Interferencia muestran, con un gran detalle, la residencia de personas que se hicieron una prueba y resultaron positivos por la enfermedad, a pesar de que el medio afirma haber movido los casos en 50 o 100 metros de manera aleatoria.

Aunque en un principio el Ministerio declaró que la información se basaba en datos epidemiológicos públicos, posteriormente el ministro de salud Jaime Mañalich tuvo que aceptar que estos datos eran reservados y que habían usado para iniciar trabajos con los alcaldes.

De acuerdo con la organización Derechos Digitales, existe una responsabilidad tanto del Ministerio por permitir la filtración, como también del medio por difundir información sensible. “La información referente al estado de salud de las personas, más todavía en un contexto de pandemia, es sumamente delicada, pues las podría exponer a distintas formas de discriminación, tanto en el presente como en en el futuro”, escribe la ONG.

Este episodio ejemplifica los grandes riesgos que existen en la recolección, resguardo y manejo de bases de datos sensibles, especialmente cuando no es efectuado de forma transparente y con las medidas de seguridad y privacidad necesarias.

El incidente también pone de manifiesto la necesidad de respetar los derechos humanos al momento de la cobertura periodística, ya que la difusión de información sensible puede afectar la vida privada de los individuos.

La organización ha llamado a no tergiversar la petición de la comunidad científica para acceder a más datos, ya que la información “debe entregarse anonimizada y con el debido tratamiento para el análisis estadístico (…) no se necesita la identidad y la dirección de cada infectado para hacer políticas públicas”.

Imagen de Deensel (CC BY 2.0)