A pesar de ser uno de los gobiernos que mayor impacto ha tenido a nivel global con sus políticas de vigilancia, Estados Unidos aún no cuenta con un conducto legal que responda ante las peticiones de información y demandas por violaciones afuera de su territorio.
Esta es una violación a los compromisos que ha firmado el Estado sobre el respeto a los derechos humanos, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que lo obliga a establecer, por cada oficina de gobierno federal un punto de contacto para coordinar respuestas y atender quejas por violaciones que les correspondan.
Los EE.UU. han conducido algunos de los más extensos programas masivos de vigilancia en el mundo, dentro y fuera de sus fronteras, como lo demostró Edward Snowden al dar a conocer los programas de vigilancia masiva e ilegal de la Agencia Nacional de Seguridad en 2013. Sin embargo, mientras los ciudadanos estadounidenses pueden acudir a una corte para demandar a las agencias de su país, las víctimas de las acciones de este gobierno fuera de su territorio no pueden acudir a ninguna instancia.
“[…] las leyes de derechos humanos a nivel internacional piden que la vigilancia sea necesaria, proporcionada y que esté sustentada en un interés legítimo del gobierno. La vigilancia indiscriminada y masiva no entra en esta categoría. Bajo otra orden ejecutiva, la orden 12333, los Estados Unidos conducen una amplia vigilancia de gente inocente alrededor del mundo, sin tener que cumplir con algún requerimiento de evidencia y lo hace con poca supervisión y cero transparencia. La NSA conduce varios programas secretos bajo esta orden.”, escribió en Amie Stepanovich, colaboradora de Access Now, organización que ha pedido a los EE.UU. cumplir con esta obligación a nivel internacional.
México, al igual que muchos otros países, también ha sido afectado por el espionaje ilegal del gobierno estadounidense; sus ciudadanos se encuentran también indefensos legalmente ante estas y futuras violaciones, producto del mayor intercambio de información entre ambos países, como las que se podrían dar con el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
En el TPP se contempla el manejo de grandes cantidades de datos de mexicanos en los Estados Unidos. Un ejemplo podría ser a través de las grandes empresas de tecnología como Facebook o Google, pero los estándares de protección de datos de este país son menores a las de México y se corre el riesgo de una violación o mal manejo, sin que se cuente con un mecanismo que pueda actuar como contrapeso.
